No + sangre Tj
 
(el siguiente escrito se da en respuesta a la postura de un compañero en contra de la legalización de las drogas)

La exacerbación de falsas dicotomías es uno de los rasgos más característicos de este gobierno. La práctica la hemos observado desde su campaña electoral de 2006, en la que dividía a los mexicanos entre los "pacíficos y violentos" o los que "eran un peligro para México y los que buscaban el progreso". En el caso de la política frente al narcotráfico nos ofrece la misma perspectiva: en México solamente existen aquellos que quieren acabar con el narcotráfico y la violencia criminal (la mayoría, según Calderón) y los que apoyan al narco (una minoría "despreciable"). No hay necesidad de decir que la realidad y los problemas de las drogas son más complejos.


Así, el gobierno actual responde a quienes criticamos su estrategia, queriendo deshacerse de la responsabilidad, con una pregunta: "¿entonces qué proponen?" Pregunta a la que se imponen cotos ideológicos: sólo se aceptan respuestas del tipo que pretende prohibir el consumo de drogas, como asumiendo que la violencia se genera por su consumo, creyendo que hay algo innato en las personas que debe ser protegido frente a la amenaza de agentes externos; y se condena cualquier intención por la regulación del mercado. Allí es donde se encuentran las propuestas como la de A., esto es, el trasladar el campo de lucha, moverlo a los océanos, a las entidades financieras y responsabilizar a la geografía (¿no es precisamente esa, con algunos bemoles, la estrategia de los Estados Unidos cuyas consecuencias vivimos?), que básicamente motivan la innovación y escalada violenta de los criminales. 
Estoy seguro de que hay mucho que discutir alrededor de las preguntas de A. sobre los motivos de algunas personas para consumir drogas, y la pertinencia de prohibir su distribución y consumo. Evidentemente, si nadie consumiese drogas, el mercado negro que sostiene la oferta, y los agentes criminales que asesinan y amedrentan no existieran. Partir de allí lleva a la conclusión de que todo se soluciona acabando con el consumo, y que esencialmente son los consumidores los culpables de nuestros males de seguridad (aquí, cabe hacer la anotación de que el discurso de Calderón ha oscilado entre esta política, "para que la droga no llegue a tus hijos", y la inocente de acabar con la violencia – organizándola – mandando al ejército a vigilar las calles). Entonces, la interpretación social termina condenando al que demanda y oferta las drogas, y soslaya el lugar de un gobierno y un marco jurídico inadecuados para salvaguardar lo que dicen cuidar, la discusión se concentra en el lugar equivocado. 


Tal vez observando lo que pasa con productos dañinos para la integridad de la salud, y la seguridad de las personas, subraye el punto. Conocemos los efectos del alcohol y su poder limitador sobre las reacciones y pensamiento humanos, y tenemos conocimiento cotidiano de más de un muerto vinculado con él. ¿Está prohibido el consumo de alcohol a pesar de que causa adicción, genera accidentes y violencia, y destruye familias? Claro que esas consecuencias desaparecerían si se detiene el consumo, pero sabemos que esas pretensiones han terminado mal y precisan de una capacidad gubernamental para vigilar y reprimir que no estamos dispuestos a sostener. Entonces, creamos marcos legales para mitigar esos efectos, exigimos la regulación de su venta a menores y estamos de acuerdo en que conducir alcoholizado es algo condenable, y que es más sencillo reconocer y detener a quien infringe esas reglas, que prohibir en principio la comercialización y consumo de alcohol. 


Con las drogas prohibidas pasa lo mismo, su uso casi siempre tiene consecuencias individuales y sociales terribles, pero la propia prohibición impide mitigar sus efectos. Por ejemplo, el uso repetido de drogas inyectadas aumenta las probabilidades de transmisión de virus como el de la hepatitis o el sida. Dado que los consumidores legalmente no deberían existir, las instituciones públicas no los reconocen como usuarios legítimos, y poco pueden hacer contra los problemas que viven. La adicción a estas drogas es un mal que sólo ricos pueden solucionar con caros procedimientos, a los que pobres sólo acceden por la gracia de organizaciones que abusan de ellos y sus familias. Nada indica, tampoco, que la legalización aumente el consumo, o (ridículamente pensado) el acceso a las drogas (basta observar la experiencia de países como Canadá y Holanda). Lo que permitiría la legalización y regulación sería un incremento de la información disponible para los usuarios, y la debida atención de las consecuencias de su consumo, la desaparición del estigma sobre los consumidores, y la reubicación de los recursos usados para la represión y la violencia en temas hasta ahora desatendidos asociados a las drogas. Además de la violencia que conocemos, la prohibición sostiene a una burocracia corrupta e inconsciente que ha crecido y se ha desarrollado en el centro de los poderes públicos, escudada en ese deseo de que otros no consuman drogas.


Si se tratara de salvaguardar la integridad de la población y la "naturaleza humana", Coca Cola y McDonald’s, cuyos productos consumidos con regularidad son altamente dañinos, también fueran prohibidos. Pero no es así, sin embargo, tenemos la posibilidad de discutir su consumo y consecuencias, sopesar su demanda y crear políticas públicas para reducir su uso, sin malgastar en estructuras dedicadas a la vigilancia. Dudo mucho que la legalización y regulación del consumo de drogas tengan "efectos devastadores" mayores a los que ya conocemos con una prohibición hipócrita, y sí estoy convencido de que los efectos que genera su consumo pueden ser mitigados con la debida atención pública al problema, y la destrucción de las estructuras gubernamentales corruptas que se nutren de un marco jurídico contraproducente.   


Cuando se trata de decidir entre la legalización y la prohibición de las drogas no creo que el debate y la opción por la legalización se resuman en la frase que . el compañero: “the lesser of two evils". El consumo existe independientemente de si está prohibido, pero lo que está relacionado con esa prohibición es la violencia, la corrupción, y el fortalecimiento de los rasgos más podridos del sistema político y legal mexicanos. Además de observar los efectos políticos y burocráticos que tiene el prohibir y tratar de impedir el consumo de drogas, difícilmente me puedo convencer de la factibilidad y bondad de la prohibición cuando el gobierno mexicano es incapaz (entre muchos problemas) de poner en práctica la prohibición de vender comida chatarra en las escuelas, consumo que mata a otros miles en México (no está vinculado con una adicción, es cierto, pero se genera por condiciones estructurales como la pobreza y deficiente educación). La ilegalidad de las drogas beneficia una forma de ver la política y sociedad mexicana que impide la discusión y restringe la libertad. ¿O debemos aceptar que se prohiba todo lo que hace daño a la salud, asumiendo que la prohibición acaba con el consumo y los problemas que genera? ¿Debemos ignorar los efectos negativos de una prohibición obtusa? 

Saludos,

S.




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